Defensoría Penal Pública
Luego de que una persona es condenada con penas sustitutivas, comienza a cumplir esa condena y pueden ocurrir diversos problemas que inciden en su cumplimiento, imputables o no a nuestros representados, y conducir a la revocación de esa condena en libertad. Actualmente más del 90 % de nuestros usuarios condenados, lo son a penas sustitutivas, sin embargo les otorgamos defensa especializada durante el proceso pero NO después de la condena (salvo defensa penitenciaria que sólo aborda a condenados en la cárcel). Así, miles de usuarios que nunca han estado en la cárcel, pueden terminar privados de libertad, de no contar con un defensor de ejecución que con antecedentes y conocimientos apropiados, lo evite. El proyecto tiene por objeto asumir las defensas respecto de la ejecución de las condenas en las que se ha impuesto alguna pena sustitutiva, impactando en la rehabilitación y reinserción social de las personas condenadas en nuestro país.
Es innovadora toda vez que el enorme porcentaje de causas que terminan con condena para cumplirse en libertad, mantiene numerosas audiencias post sentencia, en las cuales hay un alto porcentaje de que el juez de garantía revoque la pena en libertad y la cambie por una más intensa o cumplimiento en cárcel. Nuestro procedimiento estandariza las gestiones, promueve una alta satisfacción del usuario y genera criterios jurisprudenciales que pueden ser replicados a nivel nacional e internacional.
Los beneficiarios de esta iniciativa son potencialmente todas las personas condenadas con penas sustitutivas en el medio libre y concretamente todas las personas condenadas con penas sustitutivas en el medio libre que tienen algún requerimiento o audiencia respecto de la ejecución de su pena, evitando que éstas sean revocadas y que deba cumplir efectivamente en la cárcel.
La defensa especializada en ejecución de penas sustitutivas es una necesidad en cada una de las defensorías locales que tramitan con los Juzgados de Garantía y se adecúa a la modernización de los procesos de trabajo internos en nuestra Institución.
Previo a la implementación de este modelo, se testeo presencialmente, por la DLJ los requerimientos de las personas condenadas que asistían a estas audiencias, estableciendo cuales son los principales motivos para que el tribunal revoque la pena inicialmente impuesta (motivos imputables al imputado o a gendarmería, errores administrativos del tribunal, etc), buscando las soluciones fácticas y argumentativas para evitar un resultado negativo de la audiencia, y en el caso de que éste se produjere, presentar los recursos procesales de manera oportuna.
Ximena Patricia Silva Céspedes
Alejandro Garcia Araya
Nelson Cid Castro
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